Ciudad de México.- Los cárteles mexicanos han expandido su producción de drogas sintéticas a África, no solo para abastecer mercados en Sudáfrica, Egipto y Marruecos, sino también para reducir costos en la distribución de fentanilo hacia Europa y Medio Oriente. Mientras que en las primeras décadas del siglo XXI África era solo un punto de tránsito para la droga con destino a Europa, en los últimos años se han detectado narcolaboratorios operados por grupos criminales locales con vínculos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En 2024, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó la presencia del CJNG en Kenia tras la incautación de un laboratorio de metanfetaminas a gran escala. Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha señalado que desde 2016 los cárteles mexicanos han operado en África, con detenciones de mexicanos en Nigeria y el hallazgo de laboratorios clandestinos en Sudáfrica. En 2023, autoridades sudafricanas decomisaron nueve toneladas de acetato de plomo, precursor químico utilizado en la producción de drogas sintéticas en México.
Entre 2021 y 2022, los cárteles comenzaron a subcontratar mafias locales africanas para operar narcolaboratorios de gran escala, lo que ha acelerado la expansión del narcotráfico en la región. Se prevé que estas alianzas sigan fortaleciéndose, permitiendo un aumento en la producción y distribución de drogas en el continente.
Según el experto en seguridad David Saucedo, los cárteles mexicanos pagan en especie a las mafias africanas, permitiéndoles comercializar cocaína, fentanilo y metanfetaminas en mercados locales. Además, advirtió que la presencia de estos grupos podría debilitar aún más los gobiernos africanos, replicando escenarios de violencia y desestabilización similares a los de América Latina.
Se teme que la rivalidad entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG se traslade a África, generando conflictos entre organizaciones criminales locales aliadas a cada grupo. Esto podría derivar en una crisis de seguridad similar a la que actualmente se vive en países como Ecuador y Venezuela, lo que obligaría a una intervención internacional para contener la expansión del crimen organizado en el continente.