Publican en DOF reformas al Poder Judicial

Ciudad de México.- En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se dieron a conocer diversas reformas constitucionales relacionadas con el Poder Judicial, la nulidad de elecciones por intervención extranjera y medidas para garantizar la integridad de las candidaturas frente al crimen organizado.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó sobre la publicación a través de sus redes sociales, señalando que se cumplió con los tiempos establecidos por la Constitución y destacando que el proyecto de nación continúa avanzando.

Uno de los cambios más relevantes es la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la que se busca impedir que personas con posibles vínculos delictivos accedan a cargos de elección popular. Para ello, se creará una Comisión de Verificación de Integridad en el INE, la cual analizará los perfiles de aspirantes mediante un sistema de evaluación de riesgos en coordinación con instancias de seguridad y financieras. Esta medida no implicará recursos adicionales, ya que operará con el presupuesto existente.

Asimismo, se establece como nueva causa para anular elecciones la intervención de actores extranjeros cuando se demuestre que influyeron de manera directa en los resultados. Esta disposición aplica para comicios federales, estatales y locales.

En cuanto a la reforma al Poder Judicial, se introducen cambios en la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte, que ahora estará integrada por nueve ministros y podrá dividirse en dos salas. También se modifican los mecanismos de elección de jueces, magistrados y ministros, quienes serán elegidos por voto popular bajo nuevos lineamientos y procesos de evaluación.

Entre otras disposiciones, se contempla la rotación en la presidencia de la Corte cada dos años, ajustes en el diseño de las boletas electorales, así como nuevas reglas para cubrir vacantes y evaluar el desempeño de los integrantes del Poder Judicial.

Finalmente, los artículos transitorios establecen que los cargos pendientes de renovación se elegirán en 2028, y que algunos funcionarios judiciales tendrán periodos definidos de hasta ocho años en sus funciones.