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Estados Unidos.- Un juez federal bloqueó de manera provisional la intención del gobierno del presidente Donald Trump de retirar el permiso de trabajo a decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
El juez de distrito Nathaniel Gorton, con sede en Boston, falló a favor de una coalición de organizaciones defensoras de derechos de los migrantes y sindicatos, quienes interpusieron una demanda para frenar la aplicación de nuevas restricciones migratorias impulsadas por el Congreso el año pasado y ejecutadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La resolución permanecerá vigente mientras el juez decide si emite una suspensión de mayor duración, decisión que prevé tomar antes del 5 de agosto. Hasta el momento, el USCIS no ha emitido postura al respecto.
Las medidas en disputa forman parte de una ley fiscal aprobada en julio de 2025 por un Congreso de mayoría republicana, la cual estableció por primera vez cobros para solicitar asilo y limitó los permisos laborales para beneficiarios del TPS, programa que permite a personas de países en crisis residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.

Como parte de una política migratoria más estricta, la administración Trump ha buscado eliminar el TPS para ciudadanos de más de una docena de países, acción que recientemente fue respaldada por la Corte Suprema en casos que involucran a migrantes de Haití y Siria.
Los demandantes, representados por la organización Democracy Forward, argumentaron que el USCIS aplicó de forma ilegal las nuevas disposiciones, especialmente aquellas que podrían dejar sin autorización de trabajo a miles de beneficiarios de El Salvador, Sudán y Ucrania. Señalan además que las medidas reducen de manera indebida el tiempo de vigencia de los permisos laborales al aplicarse de forma retroactiva.

La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, indicó que la decisión judicial permite que miles de familias mantengan sus ingresos mientras se determina la legalidad de estas políticas.
Actualmente, el TPS continúa vigente para ciudadanos de El Salvador hasta el 9 de septiembre, y para los de Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre, luego de una prórroga otorgada en enero.
Finalmente, el juez permitió que el USCIS continúe cobrando las tarifas establecidas, pero dejó claro que la agencia no puede retirar permisos de trabajo ni aplicar sanciones a quienes no realicen dichos pagos.