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Estados Unidos.- Diversos funcionarios del partido Morena habrían sostenido conversaciones de carácter reservado con autoridades de Estados Unidos, en el contexto del aumento de investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, según una investigación publicada por The New York Times este 27 de junio.
De acuerdo con el medio, la información proviene de entrevistas realizadas a más de una decena de personas que participaron o tuvieron conocimiento de dichos contactos, quienes pidieron mantener el anonimato debido a la confidencialidad del tema.
El reportaje señala que al menos una decena de funcionarios mexicanos, entre ellos legisladores y gobernadores —principalmente de Morena—, habrían buscado acercamientos con autoridades estadounidenses para compartir información sobre otros actores políticos. Según las fuentes citadas, algunos de estos contactos ya habrían derivado en conversaciones formales.
Asimismo, se indica que parte de estos funcionarios habría intentado anticiparse a posibles investigaciones que podrían involucrarlos en el futuro. La publicación también menciona que una iniciativa atribuida a la DEA consistiría en contactar de forma privada a funcionarios mexicanos para invitarlos a colaborar en indagatorias relacionadas con corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

El reportaje añade que estos acercamientos habrían ocurrido tras señalamientos de autoridades estadounidenses contra 10 funcionarios mexicanos —en funciones y retirados— por presunta relación con el Cártel de Sinaloa.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente dichas investigaciones, al considerarlas una posible injerencia en asuntos internos del país. No obstante, el texto apunta a una diferencia entre el discurso público del Gobierno mexicano y las conversaciones privadas que algunos integrantes de Morena habrían mantenido con autoridades estadounidenses.
La investigación también menciona distintos nombres dentro del análisis de las autoridades estadounidenses, entre ellos el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a partir de la difusión de un audio relacionado con una posible reunión con autoridades de Estados Unidos. La mandataria estatal confirmó la autenticidad de la grabación, aunque negó haber alcanzado acuerdos.

Asimismo, el reportaje hace referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalando que autoridades estadounidenses habrían solicitado su detención, lo cual fue rechazado por la presidenta Sheinbaum, quien afirmó que no existen pruebas que lo sustenten.
Finalmente, se indica que las autoridades estadounidenses han reforzado diversas líneas de investigación con base en declaraciones de presuntos integrantes del crimen organizado que se encuentran bajo custodia, mientras que el Departamento de Justicia mantiene como prioridad indagar posibles actos de corrupción vinculados al narcotráfico. Hasta el momento, ni la DEA ni el Gobierno de México han emitido una postura oficial sobre la publicación.