Ciudad de México.- La Operación Enjambre no ha terminado. La siguiente fase apunta a obtener sentencias condenatorias contra los funcionarios mexiquenses detenidos bajo el modelo Al Capone, el gran capo estadunidense que fue encarcelado no por sus delitos vinculados al crimen organizado, sino por otras actividades ilícitas.
Aunque Capone era el gran capo de capos y controlaba un imperio criminal en el Chicago de las primeras décadas del siglo pasado, fue a la cárcel por algo que nunca imaginó: evasión de impuestos. Por eso, algunos de los delitos que se le imputan a los funcionarios detenidos el viernes podrán parecer alejados del alto mundo del crimen organizado. Tiene su lógica estratégica.
La presidenta municipal de Amanalco, María Elena "N", es investigada por homicidio calificado.
Ellery Guadalupe "N", director del DIF municipal de Tonatico, es investigado por su probable intervención en el delito de secuestro con fines de extorsión.
Rodolfo “N”, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, por el delito de secuestro con fines de extorsión.
Roberto “N”, jefe de región de la Dirección de Seguridad Pública de Ixtapaluca, por secuestro con fines de extorsión.
Lo mismo que Eraclio “N”, director de Seguridad Pública de Tejupilco, y el subdirector de Seguridad Pública de Naucalpan, por el delito de extorsión.
Manuel Alejandro “N”, director de seguridad Pública de Amanalco, por secuestro con fines de robo.
Cabe mencionar que, en todos estos casos las autoridades no tiene duda de que son sólidos sus vínculos con el crimen organizado
Varios funcionarios de seguridad consultados ofrecieron detalles del macro operativo, el más grande de su tipo en años. Algunos destacaron el trabajo interinstitucional y que no haya habido filtraciones. Otros apuntaron a que estos son los primeros frutos visibles de un proyecto de coordinación interinstitucional que comenzó a mediados del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Y otros más explicaron que la fase judicial de Enjambre apenas comienza y en ésta entrará en juego el trabajo de gabinete que se hizo por meses para que los casos, espera la autoridad, sean sólidos y capaces de resistir los cuestionamientos legales de los detenidos, además del tránsito por el Poder Judicial.
Las carpetas de investigación tienen detrás de sí, según las fuentes, más de 20 meses de esfuerzo continuo, miles de horas de trabajo hombre.
Ciertamente, no se trata de una operación improvisada. De acuerdo con los datos obtenidos, el trabajo detrás de Enjambre comenzó en 2023 a nivel mexiquense, pero con respaldo federal, una vez que se presentaron indicios sólidos de la vinculación de los funcionarios detenidos con organizaciones.
Lo ocurrido el viernes 22 de noviembre se enmarca también en un cambio de filosofía que se está tratando de implementar en las operaciones de alto valor estratégico del actual sexenio.
En palabras de un mando consultado, si antes se buscaba entrar, barrer y después justificar legalmente, ahora se quiere invertir el modelo: ir con la ley por delante, estados y federación de la mano, para que el caso no se caiga de forma alguna.