Juez frena deportaciones de víctimas
Estados Unidos.- Sobrevivientes de violencia doméstica, trata de personas y otros delitos graves que fueron detenidas y deportadas durante el gobierno de Donald Trump obtuvieron un fallo judicial a su favor: un juez federal concluyó que las acciones de las autoridades migratorias fueron ilegales.
El 20 de mayo, el juez André Birotte Jr., del Tribunal de Distrito Central de California, bloqueó tres políticas migratorias implementadas en 2025 que permitían arrestar y deportar de forma sistemática a personas que buscaban protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), así como a quienes tramitaban visas U y T, destinadas a víctimas de delitos graves y trata que colaboran con la justicia.
La resolución, con alcance nacional, también ordena que tres de las personas deportadas puedan regresar a Estados Unidos, incluyendo el caso de una mujer que, al ser enviada de vuelta a su país, fue recibida por su agresor.
El origen de la controversia se remonta a enero de 2025, cuando el ICE emitió una nueva guía que eliminó protecciones vigentes desde 2011. Estas obligaban a los agentes a no detener a personas con solicitudes migratorias en curso y a verificar su estatus antes de proceder con una deportación.
Con el nuevo lineamiento, los agentes dejaron de considerar la condición de víctima como un factor relevante, lo que derivó en detenciones y expulsiones sin revisar previamente cada caso, a pesar de que muchas personas contaban con permisos temporales que las protegían.
Entre los casos expuestos está el de una mujer que denunció violencia doméstica y, pese a contar con un proceso migratorio en curso, fue detenida junto a su hijo y deportada. Otro corresponde a una adulta mayor con más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, quien fue expulsada a pesar de tener autorización oficial para permanecer en el país. También se documentó la detención de una madre con hijos ciudadanos estadounidenses, así como la separación de familias tras operativos migratorios.
El fallo señala que la política aplicada por el gobierno fue arbitraria y contraria a la ley, ya que omitía la obligación de evaluar las solicitudes antes de ejecutar deportaciones. Además, advierte que este tipo de medidas desincentivan a las víctimas a denunciar delitos por temor a ser expulsadas del país.
Organizaciones defensoras de migrantes señalaron que la decisión representa un alivio para miles de personas, ya que podría frenar detenciones y deportaciones mientras sus casos siguen en proceso, restaurando protecciones que habían sido eliminadas.