
Juárez, Chih.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte logró una quinta sentencia condenatoria contra Naomy Yamile R. P., ex trabajadora de la guardería “Techo Comunitario”, quien acumula ya un total de 99 años y dos meses de prisión por delitos sexuales cometidos contra menores.
Según informó la autoridad, la resolución más reciente fue dictada el pasado jueves, imponiéndole una pena de 16 años y ocho meses de cárcel por el delito de violación agravada, la cual se suma a otras cuatro sentencias previamente obtenidas en su contra.
Entre las condenas anteriores se encuentra una de cinco años por abuso sexual, otra de 50 años por violación, una más de 16 años y ocho meses por violación agravada, así como una de 10 años y 10 meses por abuso sexual agravado, lo que evidencia la gravedad y reiteración de los hechos.
En este quinto proceso, la Fiscalía logró acreditar su responsabilidad mediante pruebas presentadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual.

Las indagatorias establecieron que los abusos ocurrieron entre agosto de 2021 y mayo de 2023 dentro de la guardería ubicada en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez. Uno de los casos incluye agresiones contra un menor de apenas dos años de edad, lo que derivó en la agravante del delito.
La sentencia también contempla el pago de 108 mil pesos como reparación del daño a la víctima.
La mujer deberá cumplir su condena en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2 de Ciudad Juárez, donde permanecerá privada de la libertad conforme a lo dictado por el juez.

Este caso generó gran indignación en la comunidad desde que se dieron a conocer las primeras denuncias, debido a la vulnerabilidad de las víctimas y al hecho de que los abusos ocurrieron en un espacio destinado al cuidado infantil.
Las investigaciones comenzaron tras reportes de familiares que detectaron comportamientos inusuales en los menores, lo que llevó a la presentación de denuncias formales y a la intervención de las autoridades. A partir de ello, se integraron diversas carpetas de investigación que evidenciaron un patrón de abuso prolongado.
El caso se suma a otros en el país que han puesto en debate la supervisión de guarderías, los protocolos de protección a la niñez y la responsabilidad del personal que labora en estos espacios, reforzando la exigencia de mayores controles y mecanismos de prevención.