
Chihuahua, Chih.- Un análisis técnico‑jurídico interno del Poder Judicial del Estado estima que la abogada María Cristina Berjes, electa como jueza de control penal por el Distrito Morelos, estaría sujeta a sanciones administrativas, penales y disciplinarias por presunto abuso de funciones, al negarse a asumir el cargo electo y desempeñar otro dentro del mismo poder.
Según el estudio, el Órgano Interno de Control (OIC) debería abrir un procedimiento por falta grave de abuso, mientras el Ministerio Público investigaría un posible delito penal. El Congreso del Estado también tendría que resolver la renuncia presentada por Berjes, aunque esa aceptación no eliminaría responsabilidades ya generadas durante el periodo de incompatibilidad.

El análisis destaca que desde el inicio de su encargo, Berjes omitió cumplir sus funciones jurisdiccionales electas y en su lugar se desempeñó como secretaria en una sala penal. Esto contraviene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua (LOPJCH), que exige dedicación exclusiva para los funcionarios jurisdiccionales y prohíbe simultanear cargos públicos o privados (excepto la docencia).
De cometerse abuso de funciones, la sanción correspondería al Tribunal de Justicia Administrativa; si se configura un delito, el caso sería llevado ante un juez penal conforme al Código Penal estatal. En conjunto, el análisis urge acción inmediata para salvaguardar la legitimidad del proceso de elección judicial y evitar precedentes que permitan la manipulación de cargos públicos.