Morena filtrará impresentables, Adán los revisará
Ciudad de México.- Encuestas cuya metodología no se hace pública, resultados que se posponen sin una explicación clara y una presidenta que recibe personalmente a distintos aspirantes en Palacio Nacional. Morena llegó al poder con la promesa de terminar con el llamado dedazo, pero el proceso rumbo a 2027 ha generado cuestionamientos sobre si esa práctica simplemente cambió de forma. Incluso el compromiso de impedir que personas con antecedentes polémicos lleguen a las candidaturas enfrenta contradicciones dentro del propio partido.
Durante la plenaria de los diputados de Morena, Ariadna Montiel aseguró que el partido buscará evitar que sus candidaturas recaigan en personas con señalamientos, pendientes legales o antecedentes cuestionables, aun cuando obtengan buenos resultados en las encuestas. Incluso pidió a la militancia no promover a quienes enfrenten este tipo de cuestionamientos.
Sin embargo, el discurso genera dudas al revisar quiénes están encargados de conducir el proceso electoral.
La organización de Morena para las elecciones de 2027 está dividida en cinco circunscripciones. La Cuarta, que comprende Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, está bajo la coordinación de Adán Augusto López Hernández.
El senador ha sido cuestionado por distintos episodios relacionados con su trayectoria política. Entre ellos se encuentra el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su gestión como gobernador de Tabasco y posteriormente señalado por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora. También han surgido señalamientos relacionados con investigaciones sobre huachicol fiscal y con empresas vinculadas a personas de su entorno.
López Hernández ha rechazado las acusaciones y hasta ahora no enfrenta una imputación en México. No obstante, el contraste resulta evidente para quienes cuestionan el proceso: uno de los encargados de revisar los perfiles de los futuros candidatos también ha sido objeto de señalamientos públicos.
El cuestionamiento central es quién supervisa a los encargados de aplicar esos filtros.
La estructura electoral de Morena contempla a cinco coordinadores de circunscripción. Ricardo Monreal opera la Primera; Alejandro Peña la Segunda; Sergio Salomón Céspedes la Tercera; Adán Augusto López la Cuarta, mientras Sergio Gutiérrez Luna participa en la Quinta sin un nombramiento formal.
Estos operadores tienen funciones relevantes en la selección de aspirantes, pues pueden impulsar determinados perfiles o frenar otros. Citlalli Hernández concentra la información de las encuestas y la lleva a Palacio Nacional, mientras Ariadna Montiel se encarga de la operación política y de atender las inconformidades.
La decisión final, sin embargo, recae en la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con información citada por el medio, Sheinbaum ha recibido personalmente en Palacio Nacional a algunos de los aspirantes que buscan competir por gubernaturas, entre ellos Milena Quiroga, Lorenia Valles y Rafael Marín.
El hecho ha generado cuestionamientos debido a que el método se presenta como una alternativa al dedazo, pero al mismo tiempo la presidenta participa directamente en encuentros individuales con los posibles candidatos.
A esto se suma la falta de claridad sobre el procedimiento. Los resultados de las encuestas habrían estado listos desde agosto, pero su difusión fue pospuesta hasta después de la primera semana de septiembre. La metodología, las preguntas utilizadas, las fechas y las empresas responsables de realizar los ejercicios continúan sin hacerse públicas.
El argumento para justificar una mayor centralización podría ser la necesidad de garantizar perfiles confiables después de los problemas que han enfrentado algunos gobiernos y figuras del movimiento. Bajo esa lógica, Sheinbaum buscaría que los gobernadores que resulten electos en 2027 tengan un vínculo político directo con ella.
El problema, señala el análisis, es que la concentración de las decisiones no necesariamente está generando perfiles distintos, sino que podría estar reproduciendo viejas prácticas bajo nuevas reglas.
En Baja California, por ejemplo, el oficialismo estatal impulsa a Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana y cercano a la gobernadora Marina del Pilar. Su administración ha sido cuestionada por la designación de funcionarios y contratos públicos relacionados con personas de su entorno.
En Chihuahua también existen diferencias entre los propios grupos de Morena y sus aliados. Adán Augusto ha respaldado a Andrea Chávez en una entidad que corresponde a la circunscripción de Ricardo Monreal, mientras que el Partido Verde y el PT han expresado su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar. A esto se suma la postura del exgobernador Javier Corral, quien ha manifestado su rechazo al exalcalde de Ciudad Juárez.
En Michoacán, Ariadna Montiel intervino para tratar de contener las diferencias entre el gobernador Alfredo Bedolla y Raúl Morón, aunque las disputas internas no quedaron completamente resueltas.
Mientras tanto, dentro de la propia dirigencia nacional también han surgido diferencias. Durante la plenaria, Citlalli Hernández anunció que comenzaría el registro de candidaturas federales, pese a que existía un acuerdo interno para no adelantar el calendario. Posteriormente, la convocatoria fue aplazada.
En Morena, estas diferencias han sido relacionadas con la tensión entre Hernández y Montiel, ambas involucradas en la organización del proceso electoral. El episodio también refleja, según el análisis, que ninguna de ellas tiene el control absoluto de las decisiones y que la última palabra permanece en Palacio Nacional.
A la par, las señales de distanciamiento entre Claudia Sheinbaum y el grupo político del expresidente Andrés Manuel López Obrador se han vuelto más visibles.
Durante su segundo informe, Sheinbaum no mencionó a López Obrador, algo que llamó la atención debido a que anteriormente lo había citado en sus principales discursos. Además, varios integrantes de la familia del expresidente y figuras cercanas a su grupo político no acudieron al acto en Palacio Nacional.
Pese a ello, la presidenta aseguró al finalizar su mensaje que no existen divisiones dentro de Morena.
Otro factor que complicará la selección de candidatos será la relación con el Partido Verde y el PT. Morena no competirá de manera aislada en todos los estados y sus aliados también buscarán espacios en las candidaturas.
En Chihuahua, por ejemplo, los partidos aliados ya han establecido condiciones. En Zacatecas también han surgido diferencias entre Morena y el Verde por una reforma electoral, mientras que en Sinaloa los aliados cedieron la candidatura a Morena ante el peso político del caso de Rubén Rocha Moya.
Esto significa que una parte de las candidaturas no necesariamente se definirá mediante encuestas, sino a través de acuerdos políticos entre las distintas fuerzas que integran la coalición.
Por ello, el mecanismo anunciado por Morena tendrá que enfrentar varios obstáculos: las exigencias de sus aliados, las disputas entre coordinadores y los cuestionamientos que pesan sobre algunos de los propios responsables de seleccionar a los aspirantes.
El escenario recuerda inevitablemente al viejo sistema político mexicano. Morena llegó al poder con la promesa de terminar con el dedazo, pero el proceso actual incorpora encuestas, comisiones, coordinadores regionales, convocatorias y metodologías que no se hacen públicas, mientras la presidenta mantiene un papel central en la selección de los perfiles.
La diferencia, según la crítica planteada en el texto, es que el antiguo sistema no necesitaba presentarse como una encuesta para tomar una decisión política.
Será en septiembre cuando Morena dé a conocer los 17 nombres que buscarán las gubernaturas en 2027. Entonces podrá evaluarse si los filtros anunciados realmente funcionaron o si las decisiones terminaron respondiendo, nuevamente, a acuerdos políticos y al respaldo de quienes tienen el control del proceso.