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Puebla.- En un periodo menor a dos años, seis presidentes municipales de Puebla han sido detenidos por investigaciones relacionadas con distintos delitos, mientras que otro alcalde continúa prófugo. Los casos corresponden a hechos registrados entre 2025 y septiembre de 2026.
El caso más reciente es el del presidente municipal de Esperanza, José Isaac Rodríguez Ochoa, cuya supuesta detención comenzó a circular este lunes luego de un amplio operativo en el municipio, en el que participaron corporaciones de seguridad federales y estatales. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de su arresto.
De acuerdo con reportes preliminares, las fuerzas de seguridad mantienen presencia en diferentes puntos de Esperanza, mientras que diversas escuelas habrían suspendido actividades debido al despliegue. En ese contexto surgió la versión de que el alcalde, perteneciente a Morena, habría sido detenido, aunque todavía no se conocen oficialmente las causas de la presunta aprehensión.
Los delitos por los que han sido investigados los alcaldes detenidos incluyen abuso de autoridad, cohecho, falsificación de documentos, delitos contra la salud, extorsión y agresión sexual.
Las detenciones también han provocado modificaciones en la administración de varios municipios, con la intervención del Congreso de Puebla, que ha instalado concejos municipales en algunas de las demarcaciones afectadas.
De los seis presidentes municipales detenidos hasta ahora, cuatro llegaron al cargo por Movimiento Ciudadano, es decir, dos de cada tres casos.

Tres hermanos terminaron detenidos
Uno de los casos más destacados involucra a los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes estuvieron al frente de los municipios de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, respectivamente.
Uruviel González Vieyra, entonces alcalde de Ciudad Serdán, fue detenido el 7 de marzo de 2025 durante un operativo. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado inició otro proceso en su contra por presunto ejercicio indebido de funciones públicas y enriquecimiento ilícito.
Ese mismo día fue arrestado su hermano Giovanni González Vieyra, quien encabezaba el Ayuntamiento de Tlachichuca y posteriormente enfrentó diversos procesos judiciales.
Por su parte, Ramiro González Vieyra, presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, logró evadir el operativo de marzo, pero fue detenido el 29 de mayo de 2025, cuando salía de una audiencia judicial.
Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran delitos contra la salud, cohecho y falsificación de documentos.
Después de los procesos judiciales contra los tres hermanos, los gobiernos municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires tuvieron modificaciones en su estructura, con la salida de integrantes de los cabildos y la intervención del Congreso estatal.
Las detenciones continuaron durante 2026
Durante este año se sumaron nuevos casos al listado.
El 4 de febrero, Gerardo Cortés Caballero, entonces presidente municipal de Cuautempan, fue detenido en Tlaxcala después de permanecer prófugo. Su caso está relacionado con investigaciones por diversos delitos, entre ellos extorsión.
Más tarde, el 17 de agosto, fue detenido Juan Pérez Moral, alcalde de San Juan Tianguismanalco, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una acusación de abuso sexual contra una trabajadora del Ayuntamiento.
El 4 de septiembre de 2026, elementos de seguridad detuvieron a Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, en San Juan Xiutetelco.
La Fiscalía General del Estado informó que el edil enfrenta acusaciones por abuso de autoridad y cohecho.
Con este arresto, el número de alcaldes poblanos detenidos durante 2025 y lo que va de 2026 llegó a seis.
Un presidente municipal continúa prófugo
A este recuento se suma Alfredo Ramírez Hernández, conocido como “La Yerba”, presidente municipal de Ahuazotepec, quien permanece prófugo desde mayo de 2025.
El edil logró escapar durante un operativo en el que las autoridades aseguraron armas, cartuchos y drogas. Durante esa intervención también fue detenido uno de sus hijos.
Ramírez Hernández cuenta con una orden de aprehensión y es investigado por delitos relacionados con robo de vehículos de carga pesada, extorsión y narcomenudeo.
Movimiento Ciudadano concentra cuatro casos
De los 10 municipios que Movimiento Ciudadano ganó en las elecciones de 2024, cuatro de sus alcaldes han sido detenidos: Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, además de Said de Jesús Godos Luna.
Esto significa que el partido concentra cuatro de los seis casos de presidentes municipales detenidos en Puebla durante el periodo analizado.
Otro municipio bajo atención de las autoridades es Jopala, cuyo alcalde, Fabio Becerra Baños, no ha sido detenido, pero aparece relacionado indirectamente con una investigación luego de que su secretario de Seguridad, Manuel N., fuera arrestado.
El funcionario enfrenta acusaciones por delitos como encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, luego del desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en el municipio.
Según estimaciones de las autoridades, el sitio llevaba aproximadamente un año operando y tenía una capacidad de producción estimada en 2 mil 400 millones de pesos.
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, señaló que, por las dimensiones de las instalaciones, sería difícil considerar que el alcalde desconociera su existencia.
Sin embargo, este caso no se incluye en el conteo de alcaldes detenidos, ya que Becerra Baños no ha sido arrestado.

Cinco municipios tienen concejos municipales
Las investigaciones y detenciones también han generado consecuencias en la administración de los municipios.
Hasta septiembre de 2026, el Congreso de Puebla ha instalado concejos municipales en al menos cinco demarcaciones vinculadas con alcaldes detenidos o prófugos: Ciudad Serdán, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan.
El panorama deja un escenario poco común para los gobiernos municipales poblanos: seis presidentes municipales detenidos en menos de dos años, uno más prófugo y otras investigaciones abiertas contra funcionarios públicos.
Ante esta situación, el gobernador Alejandro Armenta ha reiterado que cualquier persona que incurra en una conducta ilegal deberá responder ante la justicia, independientemente de su partido político o de sus vínculos familiares.