Retrasan audiencia de Francisco Garduño
Juárez, Chih.-La audiencia para revisar el cumplimiento de las condiciones impuestas al excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, dentro del proceso penal que enfrenta por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, registró un retraso esta mañana.
La comparecencia, correspondiente a la causa penal 237/2023, estaba programada para las 9:15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal; sin embargo, a 20 minutos de la hora prevista, Garduño aún no había llegado al inmueble.
En la audiencia se deberá determinar si cumplió las condiciones establecidas en enero de 2025 para obtener la suspensión condicional del proceso, entre ellas el pago de indemnizaciones, una disculpa pública, capacitaciones en derechos humanos y protección civil, además de acreditar acciones de supervisión y revisión de las condiciones de seguridad en las estaciones migratorias.
Mientras se esperaba el inicio de la audiencia, un grupo de manifestantes se concentró en el exterior del PJF, sobre la avenida Tecnológico, con cartulinas y mantas para exigir justicia, verdad y reparación integral del daño. Los inconformes señalaron que consideran que existe un trato de “justicia selectiva” en favor de Garduño y pidieron que el proceso penal continúe.
La asesoría legal de las víctimas también ha cuestionado que algunas de las condiciones no se hayan cumplido en su totalidad, además de señalar que los recursos económicos recibidos por algunas personas afectadas corresponden a otro procedimiento administrativo y no deberían contabilizarse como reparación derivada del proceso contra el exfuncionario.
Garduño fue acusado en 2023 de ejercicio ilícito del servicio público por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la supervisión y seguridad de la estación migratoria, donde el 27 de marzo de 2023 ocurrió un incendio que dejó 40 personas migrantes fallecidas y 27 lesionadas.
La Fiscalía General de la República abrió diversas causas penales contra funcionarios y exfuncionarios del INM, un guardia de seguridad privada y dos migrantes venezolanos, mientras las víctimas sostienen que las condiciones de vulnerabilidad y las deficiencias en la protección de las personas migrantes ya existían antes del siniestro.