INE solicitará 13 mil 205 mdp

Ciudad de México.-El Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar 13 mil 205 millones de pesos para realizar la elección judicial, que la convertiría en la más cara de la historia por su complejidad inédita, con la aclaración de que se trata de un tema precautorio y que podría cambiar una vez que la Suprema Corte tome una decisión sobre la reforma judicial.  

Sin tener certeza de si se realizará o no, de su magnitud para saber la cantidad de boletas y mamparas, o de la nueva cartografía electoral que determinaría el número de casillas a instalar y la distribución del personal electoral necesario, el Consejo General aclaró que en medio de toda esta incertidumbre, decidieron privilegiar no colocar al INE en un estado de “indefensión” presupuestal pues la Secretaría de Hacienda cerrará la recepción de presupuestos este martes, por lo que se aprobó como un “proceso electoral de realización incierta”.

Aunque el consejero Jaime Rivera pidió posponer esta votación hasta que hubiera mayor certeza jurídica de qué pasará con la elección de juzgadores, tras dos horas de reunión privada, acordaron por unanimidad que era mejor su aprobación, a fin de blindar al INE en caso de que la reforma judicial quede firme.

“Manifesté reservas a aprobar este presupuesto en este momento, ya que lo más conveniente sería que hubiera una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que todas las partes involucradas contemos con más certeza jurídica, pero admito que es ineludible aprobar este presupuesto”.

“Y es que la propia Corte ha resuelto que este Consejo General debe aprobar presupuesto para procesos de realización incierta y la Secretaría de Hacienda ha fijado el 5 de noviembre para enviar peticiones presupuestales, por lo que no tenemos otra alternativa pese a que el proceso tiene la sombra de la incertidumbre jurídica”, reconoció el consejero Rivera.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei destacó que aunque no cuentan con un marco geográfico porque las suspensiones los obligaron a detener la organización, blindarán al INE para que pueda tener presupuesto en caso de que se mantenga la reforma.

“Tenemos obligaciones constitucionales y jurídicas, por lo que no podemos dejar al instituto en un estado de indefensión en caso de que se realice este proceso judicial. La consulta popular sí tiene un parámetro por los antecedentes de este ejercicio pero la elección judicial no tiene un referente, sólo los procesos electorales del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, si tomamos como base las más de 170 mil casillas, a partir de ahí empezamos a definir”.

“El ejercicio precautorio presupuestal que se presenta en este momento obedece a los trabajos que hicimos hasta antes de recibir la primera suspensión de un juzgado, es decir, el análisis y la certeza de cómo lo vamos a hacer y un calendario no se ha realizado, por eso el título de precautorio ante la realización inminente pero no la certeza de la magnitud”.

Las consejerías fueron insistentes en aclarar que si bien están en medio de suspensiones y están en espera de que este martes la Suprema Corte resuelva, pues la acción aclarativa del Tribunal Electoral que declaró “inconstitucionalmente inviable” suspender la organización al final no fue clara, es mejor ser precavidos.

“Como sabemos, mañana habrá una sesión de la Suprema Corte que definirá el tamaño de la elección judicial, y este órgano podrá determinar con mucha mayor claridad lo que tiene qué ver con el presupuesto, pero ahora estamos obligados y obligadas a presentar de manera precautoria estos dos presupuestos para cumplir con las obligaciones constitucionales”, detalló Carla Humphrey.

La consejera Dania Ravel detalló que el objetivo principal es salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía, en este caso el electoral, para que en su caso, puedan acudir a emitir su voto.

“No podemos seguir avanzando en la preparación del proceso electoral extraordinario y cada día tenemos menos tiempo para llevar a cabo esta elección de la que no hay precedentes en ninguna parte del mundo. Lo que ocurre en Bolivia, en Estados Unidos, en Japón, que se han puesto como ejemplo, no es equiparable a lo que se está pidiendo ahora que realice el Instituto Nacional Electoral”.

“Con motivo de las suspensiones vigentes, es que el ejercicio de presupuestación para la elección de personas juzgadoras se hace de manera precautoria, hay que subrayar esa parte. En este sentido, anuncio que acompañaré el presenten proyecto de acuerdo, porque se trata de tomar previsiones presupuestales para garantizar los derechos políticoelectorales de la ciudadanía que están establecidos en nuestra Constitución”. El presupuesto plantea como el rubro más caro, seis mil millones 830 millones de pesos que requiere la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para contratar a personal que deberá recorrer todo el país para capacitar a las miles de personas que deberán aprender un proceso nuevo de votación y cómo recibir los votos de sus vecinos. 

El segundo concepto de mayor inversión por más de cuatro mil 522 millones de pesos es para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para todo lo relacionado con los lugares de votación, desde su instalación, limpieza, hasta la alimentación de las y los funcionarios de casilla.

Y el tercer rubro es la Dirección Ejecutiva de Administración con una bolsa de más de mil millones de pesos para un bono extra para los funcionarios por las cargas extras de trabajo que implicará esta elección, y que desde 2012 excluía al Consejo General y altos funcionarios, por sus altos sueldos, pero que la consejera presidenta Guadalupe Taddei decidió revivir desde el pasado proceso electoral.