Reforma judicial limita el poder presidencial
Ciudad de México.- La reforma judicial propuesta por el obradorismo acota el poder presidencial de colocar ministros afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque la próxima presidenta tiene el derecho de renovar cuatro asientos en sus primeros tres años de gobierno, con lo que la 4T conseguiría el nombramiento de nueve de 11 lugares en el máximo tribunal.
Morena y sus aliados someterán a consultas la posibilidad de que esos puestos sean decididos por los ciudadanos a través del voto popular.
El ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, a quien el presidente acusa de favorecer los intereses del empresario Ricardo Salinas Pliego, terminará su periodo de quince años este primero de diciembre. Su asiento es el próximo del alto tribunal que quedará vacante y será el primero al que Claudia Sheinbaum propondrá un candidato y el Senado deberá aprobar. Su partido tendrá 83 de los 85 escaños necesarios para lograrlo.
Aguilar Morales será el primero de cuatro. En su sexenio, Andrés Manuel López Obrador presentó a cinco magistrados y a Sheinbaum le corresponderá reemplazar a todos los que fueron designados en el periodo de Felipe Calderón.
Si se consuma lo dispuesto por la Constitución, los presidentes de la 4T habrán propuesto a nueve de los once integrantes de la SCJN, con nombramientos que concluirán entre 2033 y 2042.
En casi todos los países del mundo, los miembros del tribunal de mayor jerarquía son designados por el Poder Ejecutivo o el Legislativo, o por ambos en colaboración: uno de ellos los propone, el otro aprueba o confirma.
Dada la supermayoría resultante de las elecciones pasadas en México, este proceso sería controlado por Morena y sus aliados; sin embargo, la reforma judicial del denominado Plan C trasladaría esta decisión al electorado, con lo cual la 4T —en el papel— se propone renunciar a su influencia directa.
A cambio, para el primero de septiembre de 2025 obtendría el reemplazo de los once miembros de la SCJN por nueve que serían electos en junio de ese mismo año.
La oposición sostiene que el obradorismo utilizará su apoyo popular para determinar el resultado de la elección de más de mil 600 puestos, entre ministros, magistrados y jueces, y modelar así el Poder Judicial a su antojo.
Mientras que Morena y sus aliados replican que se tratará de un proceso apartidista, en el que deberán primar las cualidades de los aspirantes y su capacidad de explicarse ante el electorado para ganar su apoyo.
A López Obrador le tocaba proponer reemplazos para dos ministros nombrados en el sexenio de Vicente Fox (José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos) y dos de Felipe Calderón (José Fernando Franco González-Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea).
Además, lo hizo también para el polémico Eduardo Medina Mora, colocado por Enrique Peña Nieto y que sólo completó cuatro años en el puesto.
De los seis ministros restantes, sin la reforma judicial actualmente en trámite en el Congreso, a Sheinbaum le tocará cambiar a cuatro, todos propuestos por Felipe Calderón, cuyos periodos finalizan:
Luis María Aguilar Morales: el primero de diciembre.
Jorge Mario Pardo Rebolledo: el 10 de febrero de 2026.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán: primero de diciembre de 2027.