Ordenan dictar nueva sentencia a agresores
Ciudad de México.- La justicia por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu en Oaxaca, pende de un hilo. Un juez ordenó que se dicte una nueva sentencia a los perpetradores, lo que abre la posibilidad que libren la pena que ya habían recibido de hasta 60 años de prisión.
El 12 de julio, el juez primero de Distrito en el estado de Oaxaca resolvió el juicio de amparo 1263/2023 y acumulados, que promovió la familia Uruchurtu en contra de la resolución de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada, que el 13 de diciembre de 2023 ordenó, sin entrar al fondo del asunto, la reposición total del juicio.
El juez de amparo señaló que la reposición del procedimiento era un acto extraordinario y que solamente conduciría a una revictimización, por lo que echó abajo esa medida, pero a cambio ordenó a la Sala de Justicia Indígena que dicte otra sentencia, en la que entre a fondo del asunto, lo que conlleva la posibilidad de que se repita otra intentona de impunidad.
La activista contra la corrupción, Claudia Uruchurtu, quien había denunciado un amplío esquema de desvío de recursos por parte de la alcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, fue ejecutada el 26 de marzo de 2021.
¿Qué le pasó a Claudia Uruchurtu?
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, ese viernes, Claudia participó en una protesta en la explanada de la presidencia municipal; cuando iba rumbo a su casa y caminaba por la calle Melchor Ocampo, le dio alcance una camioneta Ram, color vino, la cual conducía Juan José Acevedo Martínez.
Del asiento del copiloto descendió Juan Antonio Hernández Martínez, conocido como El Centinela, quien subió por la fuerza a Uruchurtu y la llevó al paraje de La Raya, donde la ejecutó de tres tiros, y después ocultó su cuerpo entre arbustos.
“Por hoy ya hicimos mucho desmadre, el encargo de la jefa ya quedó, vámonos. Mañana venimos para terminarlo”, dijo El Centinela, según el testimonio del chofer Juan José, quien después se convirtió en el principal testigo de la Fiscalía del estado.
Al día siguiente, El Centinela regresó con su novia y otro empleado municipal, para llevarse el cuerpo de Claudia. Desde entonces se desconoce su paradero, por ello se calificó el delito como una desaparición forzada.
Tuvo acceso aparte del testimonio del chofer, que hasta ahora se desconocía públicamente. Él afirma que escuchó cuando Claudia Uruchurtu rogó por su libertad, pero El Centinela solamente espetó: “te metiste con la presidenta y éste es su encargo, ya sabes cuál es tu destino y aquí no hay regreso”.
La familia de Claudia Uruchurtu inició un tortuoso camino en busca de justicia, y el 15 de diciembre de 2022, en la causa penal 203/2021, María Teresa Quevedo Sánchez, Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca dictó sentencia.
El Centinela fue condenado a 60 años de prisión. Nelci Janet Vásquez Jiménez, su novia, y Rolando Aquino Barrita, un empleado municipal, recibieron 40 años de prisión. Todos por el delito de desaparición forzada.
La presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta sólo fue condenada a cuatro años dos meses y 22 días de prisión por obstaculización dolosa de una búsqueda de persona desaparecida, un castigo mínimo y en el que la jueza acotó que la Fiscalía Oaxaqueña solamente había presentado el testimonio del chófer Acevedo Martínez para probar que era la autora intelectual.
Los sentenciados apelaron y el 13 de diciembre de 2023, en el Toca Penal JOTPAS/01/2023, los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada, de manera irregular no entraron al fondo del asunto y ordenaron la reposición total del juicio, declararon la nulidad de las audiencias de debate, emisión de fallo y de lectura de sentencia.
Aludieron que la Jueza de Enjuiciamiento rebasó el término de 24 horas para la emisión del fallo y lo hizo supuestamente 8 días después. Meras formalidades.
El retraso de ocho días no obedeció a negligencia de la juzgadora, no pudo dar lectura al fallo porque los sentenciados no fueron trasladados a la sala de audiencias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca informó que:
“No pudo trasladar a los detenidos porque se encontraban realizando un operativo en la víspera de toma de protesta del gobernador electo Salomón Jara Cruz”.
La jueza intentó realizar una audiencia virtual para darles a conocer a los procesados el fallo vía remota, pero la autoridad le dijo que no podía porque no disponían de personal para realizar la conexión solicitada y presentaban fallas de internet.
De repetirse el juicio la familia de Claudia Uruchurtu les hubiera sido imposible volver a presentar nuevamente las pruebas. Varios testigos fueron amenazados en su vida.
El seguimiento al principal testigo se perdió. La defensa sabría el contenido de los interrogatorios y contrainterrogatorios de la Fiscalía, además que los testigos sabrían el contenido de otros testimonios, lo cual está prohibido por ley. En general, reponer el juicio hubiera supuesto un desastre.
La asesoría jurídica de la familia Uruchurtu tramitó un juicio de amparo con número 1263/2023 y acumulados, resuelto apenas hace unos días. El juzgador retomó los argumentos de la asesoría jurídica, que planteaba, entre otras cosas, que la emisión del fallo 8 días después de vencido el plazo no conlleva necesariamente a la nulidad de la sentencia.
Pero la familia Uruchurtu no puede cantar victoria todavía. El juez de amparo ordenó a la Sala de Justicia Indígena que dicte otra sentencia en la que entre a fondo del asunto. Sentencia que dictarán los magistrados que habían ordenado reponer todo el juicio.