Conflicto en fechac debe aclararse

2022-08-09 09:35:34   1105 Visitas


Chihuahua, Chih.- Óscar Altamirano, abogado derecho humanista, indicó que los conflictos de interés detectados en la construcción del Banco de Alimentos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) de Juárez, deberán tener seguimiento legal, mencionando que el caso no debe quedar solo en una renuncia y el típico borrón y cuenta nueva.



“El tema de la corrupción y la operación del sistema anticorrupción, no es solamente un tema de política pública, sino de materia penal y administrativa; consecuentemente deben ejercerse acciones administrativas y penales cuando, como en este caso, se comprueba la comisión de un perjuicio grave al bien público”, comentó.

Señaló que los recursos destinados a construir el Banco de Alimentos forman parte de este “bien público” que todas las autoridades están obligadas a cuidar.


Esto incluye, según el legista, a los integrantes del Consejo de Gobierno de la Fechac, quienes están obligados a observar y hacer ver los ilícitos señalados, a las autoridades en materia de fiscalización del uso de recursos públicos, como es el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE); sería esta la instancia que en primer plano debería estar dando un seguimiento puntual a lo ocurrido, actuando en consecuencia con las denuncias correspondientes.

Indicó que pese a que en este caso no se trata de funcionarios o servidores públicos, son particulares que administran recursos de carácter público; esto significa: ‘’que su conducta está regida por el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua’’.




“Alguien podrá decir que no son servidores públicos, pero la respuesta es que son personas que reciben y administran fondos públicos; además, el conflicto de interés de que estamos hablando en este caso corresponde a un acto de corrupción que esta ley califica como grave”, señaló.

De acuerdo a Altamirano, hasta ahora no ha habido una persecución real de las acciones ilícitas señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE); como tampoco una devolución de bienes o recursos afectados, ni ninguna acción real en contra de estos ilícitos.

Para el también académico, es fundamental que haya un seguimiento legal del caso, para lo cual se requiere la presentación de las denuncias correspondientes.


Edición: Susana Ruiz

Grupo Radiza Chihuahua

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